El abogado que patrocinó a los ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro, sobreseídos de toda responsabilidad después de un proceso de siete años, anunció el inicio de acciones por daños y perjuicios contra los vocales del Tribunal de Cuentas y el estado fueguino. También va por su destitución, y presentará un jury de enjuiciamiento ante la próxima Legislatura, dado que sospecha de connivencia con la actual. “Fueron siete años donde padecieron todos”, aseguró, decidido a lograr el resarcimiento económico.
Río Grande.- El Dr. Juan Ladereche, abogado defensor de los ex funcionarios de la gestión Cóccaro sobreseídos de toda responsabilidad el mes pasado, demandará al Tribunal de Cuentas y pedirá un jury de enjuiciamiento contra sus vocales, tras considerar acreditado en la causa la “temeridad y malicia” con la que actuaron.
A este grupo de ex funcionarios sobreseídos se les atribuía el desmanejo de fondos destinados a la refacción de escuelas y estuvieron siete años sujetos a un proceso. Se trata de Germán Horacio Cuello Ponce, Victoriano Alfredo Moya, René Amado Manduani Garcés, Osvaldo Roberto Colombera, Patricio Maximiliano Ryan y Luis Alberto Medina, todos procesados por malversación de fondos durante la gestión de Cóccaro.
Ladereche ratificó por FM Del Pueblo lo que viene “sosteniendo desde hace muchos años: que es un Tribunal de Cuentas que actúa, objeta y, si no se hace lo que ellos quieren o piden, no levantan las observaciones. Todo esto quedó demostrado el año pasado en el primer juicio a la gestión Cóccaro, con respecto a la emergencia edilicia-habitacional que hubo en su gestión. El Tribunal de Cuentas se presentó como actor civil, primero con la denuncia penal y después como actor civil. Fueron a juicio oral después de siete años y fueron absueltos”, manifestó.
La justicia además en la sentencia “determinó que había existido temeridad y malicia por parte de los miembros del Tribunal de Cuentas y de un secretario administrativo y contable. La parte civil la apelaron porque los condenaron con multas y costas por su actuar, pero en la parte penal el sobreseimiento está totalmente firme”, aseguró.
Dio cuenta de que el propio fiscal mayor pidió la absolución, al no haber encontrado pruebas para sostener la denuncia radicada por el ente de contralor.
Marginados
“Fueron siete años donde padecieron todos. Los que trabajaban en la administración pública fueron marginados, no tuvieron ascensos, además del estigma de ser corruptos, que es difícil de sacar en una comunidad chica como esta”, planteó Ladereche sobre las consecuencias para este grupo de acusados.
Y destacó que “es la primera vez que un tribunal de juicio, dice que quedó demostrada la temeridad y malicia puesta por parte del Tribunal de Cuentas”.
“También quedó demostrado que muchos de los que prestaron declaración fueron apretados por los vocales”, dijo, con la aclaración de que están involucrados vocales actuales y vocales que ya no están.
Afirmó que hubo presión “para que dijeran que cuando fueron a certificar las obras no se había hecho el trabajo. Durante siete años se puso en marcha todo el aparato judicial, con las pérdidas que acarreó, y con contrataciones irregulares de personas que fueron a declarar y no sabían ni las dimensiones de un ladrillo, como pasó con una arquitecta”.
“A raíz de esto, con otro estudio jurídico ya estamos trabajando en los daños y perjuicios, que van a ir no sólo contra los funcionarios del Tribunal de Cuentas, sino también contra el estado, que es solidariamente responsable”, advirtió.
Malicia probada
Según Ladereche la responsabilidad de los vocales del ente de control no surge de su palabra sino “que está documentado lo que estoy diciendo. Están absueltos los defendidos y declarada la temeridad y malicia. Esto lo dijeron los tres miembros del tribunal de juicio además del fiscal mayor y está en la sentencia”, subrayó.
“Hay personas que estuvieron con tratamiento psiquiátrico, personas que se separaron”, dijo de la serie de trastornos padecidos ante esta causa por corrupción, que no se pudo probar.
“Si bien se va a hacer una sola demanda, hay que probar circunstancias de tiempo y lugar de cada uno”, dijo de la presentación que prepara.
Agregó que en forma paralela había “otra causa tramitando en el juzgado del Dr. López, por el tema de la pintura de un establecimiento, donde estaba involucrada la misma empresa y estos funcionarios, también del año 2007 y por una denuncia del Tribunal de Cuentas. Hace un mes el fiscal mayor pidió el sobreseimiento y el 22 de septiembre el Dr. López dictó sentencia, que hoy está firme porque no se presentó el Tribunal de Cuentas. Esto va a incrementar los daños y perjuicios”, confirmó.
Por la destitución
Además del resarcimiento económico, Ladereche adelantó el pedido de enjuiciamiento contra los vocales, que sólo podrá plantear para los que están en funciones, no así para Caballero y Ricciuti.
“El jury lo voy a presentar el año que viene cuando tengamos una Legislatura con distintos miembros. Ahora no, y será por el mal desempeño de los vocales que están”, dijo.
Aclaró que no opta por esta Legislatura, por sospechas de connivencia dado que “estos legisladores son los que tienen que supervisar al Tribunal de Cuentas y tomaron conocimiento el año pasado de las irregularidades que habían sucedido, y que echaron a profesionales que lo denunciaron. La propia gobernadora Ríos dijo cómo actuaba el Tribunal de Cuentas, extorsionando, apretando. También lo dijo el presidente del IPV con respecto al pavimento de Chacra XIII. Ahora, si no dan los nombres, es problema de ellos y no mío”, manifestó.
“El jury de enjuiciamiento es contra los que están, no los que se jubilaron o ‘los fueron’, pero van a tener una responsabilidad porque están mencionados en la causa”, concluyó.
(Fuente: Provincia 23)
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